[:es]Por Carlos Cruz, Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura
El Consejo Exportador de Alimentos de la Sofofa propuso 14 iniciativas para duplicar el valor de las exportaciones alimentarias. Vislumbrando el enorme potencial que tienen los mercados en los que Chile se ha ido posicionando, se propone pasar de una exportación actual de US$ 16 mil millones —equivalente a aproximadamente al 27% de los envíos del país—, a US$ 34 mil millones al 2025, cifra muy próxima a las exportaciones mineras.
Al formular este anuncio el presidente de la entidad señaló que no se trata de duplicar la cantidad exportada, sino de aumentar su valor, lo cual parece un desafío al cual debe concurrir el gobierno a través de una serie de iniciativas de estímulo económico e institucional que permitirían alcanzar esa meta.
Una de las ventajas comparativas con que cuenta Chile es la capacidad de producir alimentos frescos en la contra estación del hemisferio norte. La industria alimentaria tiene un potencial de desarrollo manifiesto, el que debiera ser estimulado por políticas públicas que resuelvan restricciones evidentes que hacen más compleja de lo necesario la participación de la oferta chilena en los mercados mundiales.
En efecto, el promover inversiones que resuelvan el mayor costo en que deben incurrir los productores nacionales por ineficiencia en nuestra cadena logística sólo es posible con inversiones promovidas por el Estado en puertos, áreas de respaldo, soporte ferroviario y carretero, que hoy por hoy se anuncian, pero que cuesta concretar. El costo logístico en Chile equivale al 18% del costo del producto exportado, en tanto en los países de la OCDE alcanza al 9%, por lo que hay un margen para alcanzar mayor eficiencia que sólo puede ser estimulado por políticas públicas que resuelvan la dotación de infraestructura que lo permita y facilite sus encadenamientos. La posibilidad de aumentar la oferta exportable también constituye una oportunidad que se ve amenazada por restricciones en nuestra infraestructura, las que bien podrían abordarse en conjunto con el sector privado. Es el caso de la falta de disponibilidad de agua para asegurar riego a las numerosas hectáreas disponibles entre la Región de Atacama por el norte y la Región de O’Higgins al sur. Hay opciones que se han estado proponiendo, como la “carretera hídrica” y “la vía marítima”, que permitirían trasvasar agua de cuencas de abundancia en el sur hacia zonas de creciente escasez. A estas alternativas habría que agregar la posibilidad de la desalación —que en la medida que disminuye el valor de la energía se hace cada vez más alcanzable— y la reutilización de las aguas servidas, también intensiva en energía.
Ampliar la capacidad productiva de la agroindustria es una decisión de política pública, la que, junto con la mayor eficiencia de los sectores involucrados y una mejor dotación de nuestra infraestructura logística, podría ampliar las fronteras productivas del país y aprovechar nuestro potencial, luego del gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por posicionarnos en los mercados mundiales con una ilimitada capacidad de expansión.
Una Política de Infraestructura debiera contemplar estas opciones y convocar a los sectores productivos para evaluar la forma de abordar las tareas que de ella se desprenden con la mayor prontitud posible.
Fuente: Diario Financiero[:]
